La crisis electoral de Venezuela brinda una oportunidad histórica para la diplomacia

Dos semanas después de su elección presidencial, Venezuela sigue en crisis, con un gobierno humillado que ha roto relaciones diplomáticas con numerosos países y que está reprimiendo a la población —no solo a políticos opositores, sino también a activistas de derechos humanos y líderes comunitarios—. El gobierno se jacta de haber arrestado a 2.000 personas y ha llamado a sus esfuerzos “Operación Tun Tun”, publicando videos dramáticos y profesionales de las detenciones. También ha intentado bloquear el uso de las redes sociales, con un éxito moderado. Busca silenciar e intimidar a una población que sabe que no cree en sus afirmaciones de triunfo.

En medio de esta agitación, los presidentes de Colombia, Brasil y México han emergido como los actores clave que podrían determinar la dirección que tome el conflicto. Cada uno de ellos ha sido claro en la necesidad de plena transparencia y el 1 de agosto emitieron una declaración reafirmando esa posición. Es difícil exagerar la importancia de su papel para Venezuela y la región. Sus esfuerzos deben ser apoyados.

Si bien Venezuela ha estado en crisis casi constantemente durante los once años que Nicolás Maduro ha estado en el poder, vale la pena detenerse a pensar en lo que es diferente esta vez.

Primero, durante el último año, la oposición venezolana ha hecho exactamente lo que diplomáticos y expertos en transiciones democráticas han pedido. Ha participado enérgicamente en elecciones injustas, aún con figuras clave inhabilitadas, otras arrestadas o perseguidas, medios de comunicación censurados y un abuso generalizado de los recursos estatales. Los venezolanos también hicieron su parte, acudiendo en masa; contra todo pronóstico y a pesar de sus dudas, generaron un resultado que ha estremecido a un gobierno que se creía fuerte. Lo que han hecho es un ejemplo importante de cómo usar la política para luchar contra un gobierno autoritario, incluso en medio de un campo de juego inclinado en su contra.

Segundo, en ningún momento durante los últimos veinticinco años de chavismo un resultado electoral ha sido tan ampliamente desacreditado tanto entre la población como en la comunidad internacional. Las demandas de transparencia no solo han venido de rivales geopolíticos, sino también de las Naciones Unidas y la Unión Europea, instituciones multilaterales que generalmente tienden a la moderación; de Noruega, país que ha liderado las negociaciones con la oposición desde 2019; del el Centro Carter, la organización de observación no gubernamental que fue elogiada por el gobierno de Maduro; e incluso de México, Colombia y Brasil, los tradicionales aliados de Maduro en la izquierda.

La mesa está servida para un esfuerzo diplomático histórico por parte de estos tres países, las democracias más grandes de América Latina, que juntos representan más de la mitad de su población. Ha habido anuncios de una reunión virtual entre sus tres presidentes y Maduro. Lograr cualquier tipo de solución será difícil, ya que prácticamente no hay coincidencia entre las posiciones de Maduro y la líder opositora María Corina Machado.

Y las posiciones de estos tres países son complejas en sí mismas. López Obrador está en sus últimos meses en la presidencia de la que saldrá con altos índices de aprobación. Es poco probable que se arriesgue con una iniciativa diplomática que no sea totalmente coherente con el tradicional énfasis mexicano en la no intervención en los "asuntos internos" de otros países. Gustavo Petro necesita el apoyo de Maduro para sus negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y Brasil tiene importantes intereses económicos en Venezuela.

Si ocurre la reunión de presidentes, los tres deben dejar claro al gobierno de Maduro que su legitimidad es más baja que nunca, y que continuar negando el resultado electoral solo profundizará su crisis de gobernabilidad y su aislamiento diplomático. Necesita negociar una salida con la oposición y aprovechar la mediación de los múltiples actores dispuestos a facilitar una solución.

Esta oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, necesita reconocer de manera sensata que la legitimidad sin control de las instituciones es poca cosa: no hay apetito en la comunidad internacional para repetir el gobierno interino de Juan Guaidó. Debe darse cuenta de que un retorno de las sanciones tampoco es probable. Aunque ciertamente habrá alguna respuesta por parte de la administración de Biden, no será un regreso a la política de máxima presión. De hecho, tal regreso tampoco es probable en caso de una presidencia de Trump. La oposición debería utilizar el apalancamiento que ha ganado para negociar una solución que continúe el camino hacia la democratización, a pesar de no ser todo lo que ganar una elección les daría derecho.

Estados Unidos ha hecho lo correcto al retroceder en lo que parecía un reconocimiento de Edmundo González como presidente. Los informes de que Estados Unidos está dispuesto a negociar una amnistía de las acusaciones estadounidenses contra Maduro y otros son un paso en la dirección correcta. También es acertado valorar el hecho de que Brasil, México y Colombia estén tomando la iniciativa.

Ahora corresponde a Lula, Petro y AMLO apoyar la soberanía del pueblo venezolano. No hacerlo no solo condenaría al pueblo venezolano y a la región a una exacerbación de la crisis, sino que también socavaría la política electoral como el principal medio de resolución de conflictos en la región durante las próximas décadas. La oposición y la población venezolana estuvieron a la altura del desafío y jugaron el juego electoral. No pueden ser abandonados y sus esfuerzos deben ser apoyados.

Una diplomacia consitente y creativa, y un apoyo efectivo para una solución, demostrarían que la valoración a largo plazo de estos tres países sobre la no intervención se basa en un concepto de soberanía nacional como el derecho de la ciudadanía a elegir a sus líderes, no como el derecho de un gobierno a abusar de sus ciudadanos.