Cerrar fronteras no funciona, Estados Unidos necesita una estrategia migratoria global

Como sucedió en la segunda etapa de la Guerra Fría en los años 80, la migración internacional actual refleja las tensiones globales y crisis políticas que se han intensificado desde 2009 en países como Siria, Sudán, Yemen, Venezuela y en la región del Triángulo Norte. Estas tensiones, exacerbadas por la pandemia desde 2020, han obligado a más de 20 millones de personas a abandonar sus lugares de origen en busca de un futuro mejor.

Sin embargo, existen diferencias notables entre esta ola migratoria y la de los 80. Hoy, la migración es más extensa y compleja, y se produce en un contexto de polarización y fragmentación mundial. Un claro ejemplo es el debate y la falta de consenso sobre los controles migratorios en Estados Unidos, especialmente en tiempos electorales. Además, el tejido que facilita el movimiento de personas por el mundo es más sofisticado e incluye aerolíneas, coyotes, redes sociales y de trata humana, y hasta gobiernos, como el de Nicaragua.

Entre agosto de 2020 y mayo de 2024, más de 10 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos: 16 nacionalidades conforman el 90% de esta ola, con un promedio de 8.000 personas diarias desde 2022. A diferencia de otros periodos, estas personas provienen de países en crisis política o económica, como Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, en su mayoría estados fallidos, regímenes autocráticos o dictaduras. También se suman Ecuador, golpeado por una ola de crimen organizado; Perú, marcado por una larga inestabilidad política; Rusia y Ucrania, en guerra; y China y Senegal, afectados por inestabilidad económica, desigualdad y deterioro medioambiental. Aunque diversos, todos estos países comparten un denominador común: la crisis.

En este contexto, la migración hacia Estados Unidos no solo refleja la desesperación de millones de personas, sino también las fallas sistémicas en sus países de origen. La respuesta a esta crisis debe ser integral y considerar tanto las raíces de la migración como sus consecuencias globales.

Veamos qué pasa en América Latina. En una de cada cuatro familias latinoamericanas, al menos una persona tiene la intención de migrar, y un tercio de estas personas lo termina haciendo. Desde 2018, el 1.5% de la población centroamericana ha emigrado cada año, y uno de cada veinte migrantes es un menor de edad que viaja solo. En Guatemala y El Salvador, hay más niños emigrando que el aumento anual de la matrícula en la educación secundaria. Además, el 35% de los migrantes viajan en familia.

La inestabilidad económica es el principal motor migratorio, pero la polarización política, la inseguridad y la represión generan una desconfianza y desmotivación que impulsan la decisión de irse.

Más allá de la obvia situación en Venezuela, donde la migración es provocada por la crisis política y el desastre económico de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la migración ha crecido gradualmente en México, El Salvador, Honduras y Nicaraguabajo los gobiernos de López Obrador, Bukele, Castro y Ortega.

Pongamos la lupa en estos cuatro países. En los últimos treinta años, nunca había salido más gente de El Salvador que durante el gobierno de Bukele: la intención de migrar está directamente relacionada con el temor a la concentración de poder del presidente salvadoreño. A pesar del populismo de Xiomara Castro, más hondureños han emigrado en los últimos tres años que en años anteriores. La ola represiva de Ortega y Murillo en Nicaragua ha generado la mayor migración en la historia del país: más del 12% de la población ha salido en menos de cinco años. Un poco más al norte, en México, la situación migratoria no ha mejorado. Incluso bajo López Obrador, más mexicanos han emigrado que durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

En estos países, un factor común es la concentración de poder en manos del líder del ejecutivo y la gradual erosión de los pesos y contrapesos institucionales. La gente vota contra estos gobiernos con sus pies, buscando en otros lugares la estabilidad y oportunidades que no encuentran en su terruño.

Mientras tanto, detener la migración ha sido un tema intensamente debatido en Estados Unidos. Los políticos en Washington y en las gobernaciones siguen creyendo que cerrar las fronteras –y no solo la de Estados Unidos y México, sino también la de Panamá– resolverá esta crisis. Se equivocan.

El gobierno de Joe Biden ha intentado frenar la migración mediante el cierre de fronteras y anunciando medidas como establecer procesos de asilo más rápido con el objetivo de expulsar a más migrantes en lugar de otorgarles asilo. En conjunto, estas medidas podrían disuadir en el corto plazo, pero no detendrán a quienes huyen de países donde no hay trabajo, pasan hambre y sus vidas corren peligro.

El meollo del problema migratorio radica en que el éxodo proviene de países con crisis económicas y políticas, muchos de ellos con regímenes represivos. Para Estados Unidos, la migración es más un problema de política exterior que de seguridad fronteriza. A pesar de esto, el gobierno de Biden ha hecho muy poco para abordar las causas internas en los puntos de origen de la migración.

El caso de Nicaragua es patente. El gobierno de Biden decidió no hacer cumplir la Ley Renacer, que podría haber mitigado el nivel de represión en Nicaragua y, en consecuencia, la migración. Tampoco ha confrontado las violaciones de derechos humanos, la concentración de poder y la debacle económica causada por Nayib Bukele en El Salvador. Más allá de reinstaurar las sanciones al petróleo venezolano, no ha tomado acciones más decididas para hacer valer los acuerdos de Doha con el régimen de Maduro ni la negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela, que arrojó el llamado acuerdo de Barbados. En relación con Haití, no ha asumido un liderazgo proactivo que debería tener para disminuir la criminalidad y la miseria que están afectando a los haitianos.

La paradoja es que Estados Unidos sabe que cuando actúa para prevenir el deterioro en el gobierno de un país, puede producir resultados positivos. Es el caso de Guatemala, donde la presión del Departamento de Estado garantizó la transición democrática y el apoyo popular hacia el presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, ni Trump ni Biden han querido abordar la migración desde la política exterior. Al contrario: han utilizado el problema migratorio como chivo expiatorio para sus propósitos electorales.

En medio del debate sobre la migración, Nicaragua ha emergido como un protagonista clave en los altos volúmenes de migrantes hacia Estados Unidos. La dictadura nicaragüense expulsa a sus ciudadanos, alimentando un flujo constante de remesas que fortalece la estructura corrupta del clan Ortega-Murillo. Además, el régimen presta el país como ruta para el tránsito de migrantes. Para el régimen y, especialmente para Daniel Ortega, Estados Unidos sigue siendo "el yankee enemigo de la humanidad". Esa es otra razón por la que utiliza la migración como arma de política exterior contra Estados Unidos, facilitando el paso de migrantes de diversas nacionalidades en cantidades inmensas.

Desde la crisis política de 2018, más de 800.000 personas han migrado de Nicaragua, motivadas principalmente por razones políticas en lugar de económicas. Más de la mitad de los 1.6 millones de hogares nicaragüenses tienen un familiar viviendo en el extranjero. Para la población, el problema es político, pero para el gobierno, el interés es económico.

Ortega ha facilitado el tránsito de personas a través de Nicaragua. En colaboración con empresas comerciales de aviación, el gobierno simplifica trámites de vuelos, procesamiento de visas, y en algunos casos, el transporte y estadía en Managua, desde el aeropuerto hasta la frontera con Honduras.

Desde 2023, el gobierno nicaragüense eliminó las restricciones de visa para varias nacionalidades, incluyendo haitianos, y contrató a una empresa privada para enseñar al equipo de aviación civil de Nicaragua a gestionar los procedimientos migratorios en vuelos chárter. Entre junio de 2023 y mayo de 2024, hubo más de 1.200 de estos vuelos, facilitando el tránsito de más de 200.000 pasajeros provenientes de Puerto Príncipe, La Habana y las Islas Providenciales. A pesar de las advertencias de Estados Unidos a las empresas de vuelos chárter, en lo que va de 2024 se han registrado más de 30 vuelos, al menos 15 provenientes de puntos fuera del continente como Marruecos, Libia, Alemania y Francia.

Además, desde principios de 2021, una fracción de las entre 2.400 y 3.000 personas que pasan diariamente por Nicaragua provenientes del Darién son detenidas y se les cobra una penalidad de 150 dólares por salvoconducto. Según fuentes internas en Nicaragua, estima que cada día se emiten 500 de estos salvoconductos, lo cual genera ingresos por alrededor de 30 millones de dólares al año. En términos de llegadas a la frontera sur de Estados Unidos, la expulsión de nicaragüenses, sumada a los vuelos y los salvoconductos, representa el 10% de las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos.

La migración mundial está en auge, especialmente del sur global hacia países del norte industrializado, como Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón, considerados seguros por el resto del mundo. En 2020, el volumen de migrantes a escala mundial se estimaba en 280 millones de personas. Sin embargo, para 2024, este número ha aumentado a 300 millones, con salidas de países como Ucrania, Sudán, Siria, Venezuela y Bangladesh. Aunque ha habido un aumento relativo en los migrantes que llegan a Estados Unidos, solo el 20% del total mundial busca este país como destino, una cifra que se ha mantenido estable desde los años 90.

Como principal receptor de migrantes, Estados Unidos debe retomar su liderazgo global en lugar de mantenerse en un mutismo en política internacional, permitiendo que los conflictos desemboquen en mayor migración.

Actualmente, cuarenta dictaduras en el mundo generan el 35% de toda la migración internacional. La mayoría de estos migrantes buscan llegar a Estados Unidos, lo que hace crucial que el gobierno cumpla con su cometido de promover la democracia como objetivo de política exterior. Esto incluye ampliar su gestión diplomática en países políticamente inestables, imponer sanciones contra actores que transgreden el derecho internacional humanitario y aplicar las cláusulas sobre violaciones de derechos laborales o ambientales en sus acuerdos de libre comercio. Además, Estados Unidos puede ejercer mayor presión sobre las instituciones financieras internacionales condicionar el desembolso de préstamos a estos países a que cumplan con sus cláusulas contractuales y compromisos humanitarios. Esta medida disminuiría el margen de maniobra de las dictaduras, ya que para recibir financiamiento tendrían que cumplir con la inclusión social, los derechos civiles, la protección de medio ambiente, la prevención de la corrupción y el lavado de dinero. 

Pero para que Estados Unidos pueda cumplir con su papel en la promoción de la democracia y la estabilidad mundial, es imperativo que aborde la migración como un asunto de política exterior integral. Asumir esta responsabilidad no solo reducirá la polarización interna, sino que también contribuirá a una estabilidad global más sólida.

foto de Adriana Zehbrauskas